La Fundación Fernando Pombo se enorgullece de llevar más de 10 años ideando proyectos de Clínica Jurídica con ICADE.
Esta colaboración ha permitido amplificar significativamente el impacto social de la fundación durante la última década, que no solo ha involucrado a estudiantes de derecho en los proyectos, sino que también ha permitido trabajar con organizaciones sociales para investigar y abordar sus barreras legales.
La Clínica Jurídica de ICADE ha permitido a la Fundación proponer diversos temas y colaborar con entidades sociales, ofreciendo soluciones concretas a las necesidades legales de las mismas.
El evento conmemorativo del décimo aniversario de la Clínica Jurídica fue una ocasión para celebrar el trabajo de numerosos voluntarios, alumnos, alumni y personal de la facultad que han colaborado con la clínica a lo largo de su primera década de vida. El decano de la facultad, Abel Veiga, señaló en su discurso la importancia del trabajo de la clínica en materia de compromiso social y colaboración pro bono, que ha llevado el derecho a pie de calle.
La actual directora, Isabel Lázaro, destacó la trayectoria consolidada de la clínica en sus diez años de existencia, y cómo cerca de 400 alumnos han pasado por ella en los últimos años. También destacó cómo la clínica ha creado una red de relaciones con proyectos compartidos que suponen un sustrato de conocimiento real de los problemas jurídicos.
Por su parte, el profesor Íñigo Navarro, anterior decano de la facultad y encargado de poner en marcha la clínica durante su decanato, expresó su satisfacción por el espíritu de equipo que ha creado y promovido la clínica, y cómo ha sido una herramienta de transformación en la vida real. La anterior directora de la clínica, Concepción Molina, contó cómo se puso en marcha el proyecto, tomando como referencia experiencias de otras universidades españolas, y cómo el interés entre el alumnado fue muy importante desde su creación.
La Clínica Jurídica de ICADE ha sido una herramienta vital para la Fundación Fernando Pombo en su labor de fomentar el compromiso social y garantizar el acceso a la justicia, gracias a su habilidad para llevar el derecho a la sociedad y satisfacer las necesidades legales de las entidades sociales.
